Nuevo Modelo de Formación Profesional para el Empleo

¿Cuáles son las claves del nuevo sistema de Formación profesional para el empleo en el ámbito laboral tras la re- forma aprobada por el gobierno?

La reforma de la formación profesional para el empleo ha sido producto de una decisión que parte de la idea compartida de que era necesaria e improrrogable una actualización del sistema vigente, porque el transcurso del tiempo ha revelado carencias y disfunciones sobrevenidas del subsistema que limitaban la eficacia, eficiencia y transparencia de los recursos.

Era necesario, además, mejorar la coherencia del subsistema con las políticas promovidas por la Unión Europea, dotarlo de mayor estabilidad y favorecer su coordinación a nivel territorial.

Esta reforma persigue cinco grandes objetivos, que son la clave de la estrategia general del sistema y que fueron tomados en consideración de manera expresa por el Gobierno y los agentes sociales en el Acuerdo de 29 de julio de 2014:

- Favorecer la creación de empleo estable y de calidad.
- Contribuir a la competitividad empresarial.
- Garantizar el derecho a la formación en el ámbito laboral, tanto para trabajadores ocupados como desempleados, especialmente la de los más vulnerables.
- Ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores con el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo.
- Consolidar en el sistema productivo una cultura de formación profesional que favorezca la creación de empleo estable y de calidad.

El nuevo marco normativo da continuidad e impulsa las medidas de la reforma del mercado de trabajo que se iniciaron con la Ley promulgada en julio de 2012, en la que se reconoce el derecho individual a la formación de los trabajadores y se consolida el acceso de los centros de formación a los fondos disponibles para la gestión de planes de formación.

En un país como el nuestro, con una tasa de paro que ronda el 24%, ¿cree que este nuevo sistema contribuirá a mejorar la empleabilidad?

Soy de la opinión de que la formación por sí misma no crea empleo, pero sí creo que la formación es un factor de atracción del trabajador hacia el empleo de calidad y de igualdad en el acceso a puestos de trabajo.

Las estadísticas demuestran que la formación tiene también su impacto en la mejora de las condiciones de trabajo. Así, según los datos de la UE, hasta 2025 se podrían crear en Europa casi 20 millones de empleos de alta cualificación, mientras que los de cualificación media y baja serán sólo 12 millones. Luego, parece claro que la formación va a jugar un papel importante en la consecución de los niveles de cualificación necesarios para atender las nuevas necesidades del mercado de trabajo.

Por su parte, el salario medio de los que tienen mayores niveles de cualificación es, en la actualidad, casi dos veces más alto que el de los que tienen un nivel de cualificación máxima de ESO (2.402 y 1.347 euros, respectivamente).

Las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 4/2015, de 23 de marzo, toman como referencia la empleabilidad activa y pasiva. Es decir, intentan que la formación se extienda entre los trabajadores desocupados y ocupados para que los primeros puedan acceder a un puesto de trabajo digno y los segundos lo mantengan o mejoren.

Pero lo anterior no es posible sin valorar el factor de la competitividad de las empresas, que son las que crean empleo en nuestra economía. Por ello, se han adoptado medidas que mejorarán el aprovechamiento de su crédito de formación, tales como la reducción de la duración mínima de las acciones formativas, la agrupación del crédito o la nueva estructura de los costes en los grupos de empresas; y, además, otras medidas orientadas a la seguridad jurídica de las empresas que dan formación a sus trabajadores.

Del lado de la oferta formativa -que pasa a ser subsidiaria en el sentido de orientarse a la cobertura de las necesidades formativas no cubiertas por la formación programada por las empresas-, también se promueven cambios normativos cuyo fin es mejorar la gestión de las subvenciones en un entorno de mayor transparencia y certidumbre.

Se ofrecen nuevas formas de financiación de las acciones formativas como el cheque formación o la posibilidad de que las Administraciones competentes utilicen procedimientos alternativos al de las actuales convocatorias para financiar los programas y planes de formación.

¿Qué otras ventajas encuentra en la nueva normativa?

Para mí, lo esencial es el cambio de enfoque del sistema. Ahora el punto de partida del proceso formativo será la prospección de las necesidades formativas sectoriales e intersectoriales con la vista puesta en la anticipación. De ahí la importancia de los artículos del Real Decreto-Ley referidos a la detección de necesidades, la elaboración de escenarios plurianuales y la planificación estratégica.

En el aspecto formal, yo destacaría la mayor coordinación entre todas las Administraciones públicas competentes y los agentes sociales, y el desarrollo de un sistema integrado de información que va a permitir, por ejemplo, que las personas trabajadoras puedan disponer de su cuenta formativa.

En lo concerniente a las modalidades de impartición, se refuerza el papel de la teleformación, gracias a la cual los trabajadores van a poder planificar a nivel individual su proyecto personal de formación, lo que hará de éste un sistema más flexible para empresas y trabajadores y, sobre todo, más eficiente.

No puedo evitar destacar finalmente el reconocimiento que hace la nueva regulación de la Fundación Tripartita, que pasa a denominarse Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y extiende su misión cooperativa al propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo que para mí implica un reconocimiento a su labor y a sus profesionales.

No pueden ignorarse tampoco las críticas e incertidumbres que ha generado la aprobación de esta importante norma. La opción del Gobierno por su tramitación como proyecto de ley y el desarrollo reglamentario de muchos de sus aspectos esenciales ayudarán a comprender mejor su sentido y a realizar los ajustes necesarios para la superación de las dudas puestas de manifiesto con ocasión de su publicación.

La publicación de este real Decreto-ley implica novedades en la Formación programada por las Empresas (antes formación de demanda o bonificada). ¿Podría explicar a nuestros lectores las más significativas?

La formación en el seno de las empresas es clave en la reforma, como ya he comentado. Concretamente, creo que tendrán un efecto importante en el sistema medidas que cambian en cierto modo la manera de entender y gestionar la formación antes llamada “de demanda”.

Cada empresa que pertenezca a un grupo empresarial va a poder disponer, a partir del 1 de enero de 2016, del importe del crédito que corresponda al grupo, con el límite del cien por cien de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional. Asimismo, las empresas podrán encomendar la formación a una mayor variedad de entidades externas.

Por su parte, los costes se podrán justificar por los módulos económicos que se fijen para cada especialidad formativa. Dentro de dichos módulos, estarán los costes directos y los costes indirectos; estos últimos suponen un máximo del 10% del coste de la actividad formativa realizada y justificada. Es una novedad que se exija aportación privada a las empresas de 1 a 9 trabajadores, antes exentas, y que ahora contribuirán con un 5%, si bien podrá computarse como tal el coste salarial de los trabajadores que participen en las acciones formativas. Igualmente, se amplían los supuestos de infracciones relacionadas con la formación y se introduce una sanción de exclusión de las ayudas a la formación de hasta cinco años.

Estas y otras novedades que recoge el Real Decreto-ley serán objeto de desarrollo reglamentario de la norma.

¿Cómo pueden llevar a cabo las empresas la formación de sus trabajadores desde la entrada en vigor de la norma, el pasado 24 de marzo?

Pueden optar por varias formas. Una de ellas es que la misma empresa se encargue de organizar e impartir la formación, bien con medios propios o recurriendo a la contratación de medios externos. Si se trata de un grupo empresarial, cualquiera de las empresas del grupo puede organizar e impartir la formación del grupo y también hacerlo con medios propios o contratando medios externos.

Otra alternativa consiste en que la empresa encomiende la organización de la formación a una entidad externa, que sería la que contratase, a su vez, a la entidad formativa acreditada -salvo que la entidad externa organizadora sea la que imparta la formación a la vez que la organice-.

Cuando interviene una entidad externa en la organización de la formación, ésta es la encargada de contratar a la entidad o entidades formativas que impartan la formación a la empresa. En este supuesto, las entidades formativas a las que se contrate deberán estar inscritas en el correspondiente registro o acreditadas, según la especialidad formativa que vayan a realizar.

En este último caso, se admitirán costes de organización con unos límites máximos que van desde el 10% para empresas de más de 9 empleados o un 15% para empresas de 6 a 9 trabajadores, hasta un 20% en las empresas de 1 a 5 empleados.

¿A qué tipo de entidades pueden encomendar las empresas la organización de la formación tras la reforma?

Además de a las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro, a las organizaciones empresariales y sindicales, a las estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva y a las asociaciones de autónomos y de la economía social.

También pueden encomendar la realización de la formación a una entidad externa, como he comentado anteriormente.

En esta nueva norma, se contemplan expresamente las funciones de las entidades organizadoras, que serán las encargadas de comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas, cuando así lo acuerden con la empresa, y de asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas; así como las funciones de seguimiento, control y evaluación.

También se encargarán de garantizar que la formación que se imparta se adecúe a las necesidades formativas reales de las empresas, entre otras que se citan, o que puedan establecerse en la normativa de desarrollo.

¿Qué modalidades de formación se pueden utilizar?

Durante el presente año, seguirán utilizándose las mismas modalidades que hasta ahora: presencial, a distancia convencional, teleformación y mixta. Es a partir del 1 de enero de 2016 cuando quedará excluida de financiación la modalidad a distancia convencional.

Respecto a la formación de oferta, ¿cuáles son las principales novedades?

Una de ellas, quizá la más significativa, es que la formación deberá ser impartida por entidades de formación que estén inscritas en el correspondiente registro.

Otra de las novedades es que se amplían las funciones de las estructuras paritarias sectoriales, que serán las encargadas de definir las prioridades formativas de su sector y de elaborar una memoria anual de la formación impartida en su ámbito sectorial.

También se prevé la posibilidad de justificar la subvención por módulos, lo que ayudará a las entidades a planificarse y a ejecutar mejor la formación.

Se establece un sistema de pago anticipado de la subvención concedida, que no podrá superar el 25% hasta que no se haya iniciado la actividad formativa, momento en el cual se podrá llegar hasta el 35% adicional. Un mínimo del 40% del importe concedido se podrá hacer efectivo cuando finalice y se justifique la formación subvencionada.

Por otra parte, se incluye el límite de asistencia de trabajadores pertenecientes a una entidad beneficiaria que haya sido subvencionada de hasta el 10%, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización.

El papel de los interlocutores sociales también va a cambiar con la reforma. De hecho, la Fundación tripartita va a sufrir transformaciones profundas como consecuencia de la nueva normativa. ¿Puede indicarnos cuáles son dichos cambios y qué suponen para la entidad?

Los interlocutores tendrán un mayor protagonismo en el proceso de consulta. Su participación en el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral tendrá un sentido más estratégico, y seguirán estando representados en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con mayoría de la Administración. Igualmente, podrán constituir Estructuras Paritarias Sectoriales, con o sin personalidad jurídica propia, que agruparán a sectores afines.

Los interlocutores sociales van a tener un papel muy importante en la prospección de necesidades formativas para adecuar mejor la formación para el empleo a las necesidades del mercado de trabajo y podrán desarrollar un papel relevante como entidades organizadoras en las acciones programadas por las empresas.

Ciertamente, la gobernanza del sistema y el papel de los interlocutores socia- les son aspectos muy relevantes del cambio, y la atención que han merecido estos cambios es incontestable.

Yo quiero resaltar el dato de que la gobernanza seguirá imbuida de la dimensión tripartita de sus orígenes, más allá de la aritmética decisional. Los agentes sociales son llamados a desempeñar un papel estratégico en el sistema y las entidades de formación vinculadas a estas organizaciones harán valer su acreditada competitividad en la cobertura de las necesidades formativas de nuestra economía.

Alfonso Luengo.

Director General de la Fundación Tripartita

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