Mario Garcés Sanagustín, Interventor y Auditor del Estado. Inspector de Hacienda

La crisis ha supuesto un ajuste importante en muchas partidas presupuestarias en el sector público. ¿Cómo han afectado estos recortes a las políticas de ayudas públicas en nuestro país?

En efecto, España padece una de las mayores crisis de nuestra historia económica moderna, por lo que ha sido necesario adoptar una batería de medidas destinadas a corregir los desequilibrios presupuestarios de todas las Administraciones Públicas. Todos los capítulos de gasto corriente se han visto afectados por el ajuste, así como las transferencias de capital, por lo que no cabe duda de que también se ha sentido el recorte en determinadas líneas de subvenciones y ayudas públicas.

Recientemente publicaba usted un artículo en la revista “Presupuesto y Gasto Público” en el que se cifraba el impacto que tienen en la Administración del Estado las políticas subvencionales. ¿Cada vez se dan más ayudas en España?

Si tomamos en consideración las tres últimas décadas, no hay duda de que son múltiples las subvenciones y ayudas que se han establecido en nuestro país, en el marco, además, de la actuación tanto del Estado, como de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. La acción española de fomento poco tiene que ver con la acción de fomento de la década de los setenta, más anclada en la acción social que en otras líneas de acción propicias a la transformación económica, al crecimiento y a la creación de empleo.

De manera particular, el ingreso de nuestro país en la Unión Europea ha provocado que España gestione regímenes de ayudas internas cofinanciadas con cargo a fondos comunitarios que ha requerido un esfuerzo administrativo y presupuestario importante. Un dato que sirve como ejemplo: casi uno de cada cuatro euros del presupuesto de gasto no financiero del Estado se destina actualmente a transferencias corrientes y de capital, que se inscriben en la tradicionalmente llamada “acción de fomento”.

En particular, en formación continua a trabajadores y desempleados …

Así es. La formación es un pilar insustituible del desarrollo de nuestro sistema económico, y el sector público debe coadyuvar a que el capital humano de nuestras empresas y de nuestras Administraciones posea la mayor cualificación posible. Competir en mercados globalizados nos exige una mayor dedicación a la formación profesional de nuestros trabajadores, por lo que debe preservarse el esfuerzo presupuestario en esta materia.

Imaginamos que existe un margen de mejora en las actividades formativas. En su opinión, ¿qué se debe seguir haciendo para que los cursos de formación sean más eficaces?

Evidentemente, existe margen de mejora, del mismo modo que, hoy por hoy, no cabe duda de que las Administraciones Públicas cada vez tienden a gestionar mejor y de modo más eficiente. Con todo, es esencial que las Administraciones sigan planificando correctamente las líneas que reportan mayores externalidades socioeconómicas y que los órganos de evaluación y de control emitan una opinión constructiva en aras a mejorar el presente.

Hablando de control, el Ministerio de Economía y Hacienda viene haciendo verificaciones sobre el empleo y uso de las aportaciones que reciben los beneficiarios. ¿Cómo valora esos controles?

El control de los fondos públicos es esencial en cualquier organización administrativa y lo ha sido y es, sin duda, en materia de control financiero de subvenciones. La Intervención General de la Administración del Estado, así como las Intervenciones Generales de Comunidades Autónomas y los Interventores de Administración Local, están dotadas de competencias para el ejercicio de la actividad de control y su misión, además de verificar y contrastar la gestión administrativa de los fondos públicos, es requerir en ocasiones del beneficiario el reintegro de las cantidades que no haya justificado o haya aplicado incorrectamente. Desde esa perspectiva, todo control que se haga ha de valorarse positivamente.

No olvidemos también el importante papel que han desempeñado el Tribunal de Cuentas y el resto de órganos de control externo de las Comunidades Autónomas en lo relativo a la fiscalización de subvenciones y ayudas públicas.

En el sentido que apunta, la Ley General de Subvenciones y las sucesivas normas de desarrollo y adaptación de las Comunidades Autónomas han supuesto un hito muy importante en la legislación administrativa española. ¿Qué cambios recientes ha habido en esta normativa?

En junio de 2010, el Gobierno aprobó el Real Decreto 794/2010 por el que se regulan las subvenciones y ayudas de cooperación internacional, dando por concluidos, al menos hasta ahora, los desarrollos previstos en la Ley General de Subvenciones. Más recientemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 ha introducido modificaciones puntuales en la Ley General de Subvenciones: por un lado, se han

Si hablamos de normas autonómicas, en la actualidad, existen diferentes marcos normativos de referencia. Una preocupación frecuente de los beneficiarios es que tienen que conocer diferentes normas y diferentes formas de organización administrativa, con prácticas dispares, en sus relaciones con la Administración para obtener subvenciones. ¿Es cierto que existen diferencias sustanciales entre los procedimientos de gestión de subvenciones que desarrolla en España cada Administración?

Una de las principales virtudes de la Ley General de Subvenciones, a pesar de que ha sido un tema no pacífico, es que introduce un sustrato básico de actuación para todas las Administraciones Públicas. Una parte importante del contenido dispositivo de la Ley se proyecta de manera uniforme a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, por lo que existe mayor uniformidad jurídica que la que existía antes. No obstante, existe un margen para la aprobación de normas por parte de las Comunidades Autónomas, a partir del contenido básico de la Ley General, que puede introducir determinadas variaciones en función del territorio en el que se gestiona la subvención. Es inevitable y forma parte de la autonomía jurídica de cada territorio. Probablemente habría que evitar diferencias en la interpretación de determinadas normas, pero, en esta cuestión, como en otras, hemos de ser prudentes. La Ley General de Subvenciones tiene seis años de existencia y todavía estamos en la fase inicial de implantación.

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